Manuel Ballbé

Inicio » 2014 » octubre

Monthly Archives: octubre 2014

Madrid “campE.ON”: la guerra por el control del sector energético

La famosa proclama “patriótica” de Esperanza Aguirre “antes alemana que catalana”, con motivo de la OPA de Gas Natural a Endesa, abortó la construcción de una “national champion” para competir con los gigantes europeos como las alemanas E.ON (gas y electricidad) y RWE (gas, electricidad y agua).

Los propios políticos populares facilitaron la entrada de E.ON en la operación de Endesa, que llegó incluso a financiar una campaña publicitaria en la Comunidad de Madrid bajo el lema “una nueva energía entra en Madrid” y “se proponía patrocinar al Real Madrid si tenía éxito su OPA”, todo para obstaculizar que otra empresa española-catalana obtuviera la mayoría de Endesa.

Los “self-intereses” partidistas y privatizadores terminaron regalándosela a la italiana ENEL (30% del gobierno italiano), colocándose los artífices de este gran negocio como miembros del Consejo de Administración de ENEL (Solbes), o de la nueva Endesa-Enel ya italiana (Luis de Guindos) o de consejeros o asesores en alguna otra filial de ENEL (Aznar, Elena Salgado, etc), en otro escandaloso caso de “revolving door” o puertas giratorias, por el que políticos-reguladores acaban capturados por las empresas (incluso extranjeras) que deberían haber regulado para preservar el interés general y la soberanía económica nacional.
la foto   Imagen: Miquel Zueras.
Ahora vamos a contemplar impasibles el desguace definitivo de una “marca española” por primar el provecho personal sobre la soberanía económica nacional. Ya lo denunciamos hace 8 años en diversos artículos que hemos reproducido en este blog y también en este otro publicado en El Periódico en 2007.

images

Madrid “campE.ON”

Por Manuel Ballbé. Catedrático de Derecho UAB

El Periódico, 28/01/2007

“La competitividad económica de un país no depende solo del dinamismo de sus empresas. Un factor decisivo es la calidad de las leyes y de su sistema administrativo y judicial. Este desafío competitivo entre los estados de Europa es similar al que existe en EEUU, donde los 50 estados cooperan pero también compiten en pro de una mayor reputación de sus 50 diferentes modelos legales. Deberíamos aprender, por ejemplo, que el estado de California fue pionero en las leyes ambientales y se ha beneficiado de esa imagen porque ha potenciado una industria cuidadosa con el medio ambiente. Hoy, incluso con un gobernador como Arnold Schwarzenegger se ha comprometido a cumplir los acuerdos de Kyoto, en contra de la política de George Bush. Asimismo, todo el mundo retiene la imagen de Nevada, un estado campeón no solo en la legalización del juego, sino en aprobar la ley que creó la primera fábrica de divorcios. Dos industrias que transformaron un estado desierto de población, de recursos y… de escrúpulos.

OTRO EJEMPLO del ámbito jurídico-económico es que, todavía hoy, más del 50% de las empresas norteamericanas se registran en el estado de Delaware. Aunque se piense erróneamente que se debe a sus bajos impuestos, la razón es que vio la importancia de atraer empresas y se especializó en crear un derecho societario de calidad, innovador y que facilitara el dinamismo empresarial. Por ello estableció unos jueces mercantiles –especializados—que dirimen las controversias más rápidamente y con más solidez jurídica. España, con gran retraso, ha creado recientemente juzgados mercantiles. Pero seguimos sin entender que toda aquella estrategia de calidad legal es decisiva para nuestra competencia global.

LA MARAÑA en la famosa opa sobre Endesa no augura que vayamos por buen camino. Es lamentable que una jueza que no ha aprobado la especialidad mercantil requerida haya bloqueado durante más de un año la opa. Con ello dio tiempo a los administradores de Endesa para consolidar su estrategia de antes alemana que catalana. Ha tenido que ser la Audiencia Provincial de Madrid la que desautorice, ahora, aquella decisión judicial y haya desbloqueado la situación. Aunque es demasiado tarde puesto que ya se ha consumado el contubernio Endesa- E.ON. El tribunal retrata a los administradores de Endesa al señalar, en su resolución contraria a la eléctrica, que “Endesa ha tratado de utilizar todo su arsenal contra la operación emprendida por Gas Natural, planteando también pretensiones ante los juzgados de lo mercantil” cuando todo este debate “debería resultar ajeno a los tribunales civiles-mercantiles…”. España, que tiene una carrera judicial sólida, reconocida y con ínfimos niveles de corrupción, no puede echar por la borda esta reputación por la instrumentalización que a veces se hace de la justicia. Por otro lado, ninguna autoridad reguladora o judicial ha parado los pies a Endesa por haberse inmiscuido en la opa legítima de Gas Natural, procedimiento en el que según la ley, la eléctrica está obligada al “deber de pasividad” y a no filtrar información privilegiada. En otro país, todas estas intrigas de parquet serían motivo suficiente para anular la operación y sacar a la luz lo que todo el mundo ya sabe: la oscura concertación entre E.ON, los administradores de Endesa y la Comunidad de Madrid. Ya veremos si no será un juez de EEUU el que tomará cartas en el asunto, porque a la vista de los documentos que ha exigido a las eléctricas hay claros indicios de esta presunta conexión irregular.

PODEMOS acabar siendo un país de mala reputación no por ser un paraíso fiscal sino peor, un paraíso de la especulación tanto urbanística como financiera. Tenemos un marco legal e institucional que atrae y facilita que los protagonistas del mercado sean curtidos especuladores con su infinita gama de artimañas y no empresarios que salen vapuleados de cualquier operación legítima de concentración empresarial. Tenemos pendiente crear un sistema legal y judicial que garantice una democracia –también económica- que impida que los gigantes y sobre todo sus administradores se apoderen del libre mercado que no es patrimonio sólo de los accionistas sino también y, sobre todo, de los consumidores españoles.

NUESTRO crecimiento no puede basarse en regalar nuestras empresas a oportunistas con un acreditado comportamiento anticompetitivo y dispuestos a patrocinar champions deportivos a cambio de apropiarse e impedir que tengamos nuestros propios champions empresariales en el mundo como Telefónica, Santander, Repsol o Gas Natural.

ESTÁ POR VER si España tendrá la reputación jurídica de California o de Delaware o la del dinero fácil de Nevada. A la vista de la oferta de E.ON sobre Endesa y del condicionado patrocinio al Real Madrid, mucho tendrán que subir la tarifa de la luz para pagar al final esta obscenidad financiera. El profesor de Harvard David Landes, nos alerta del peligro actual de un comportamiento parecido al de la conquista de América, sentenciando que “España empobreció porque tenía demasiado dinero”. Hoy podemos empobrecernos por tener demasiados especuladores y demasiados pocos empresarios. Si E.ON engulle a Endesa, ganarán mucho dinero sus administradores y accionistas pero los españoles perderemos la oportunidad de colocarnos en la parrilla de salida en la carrera competitiva mundial del sector del gas y la electricidad.”

Anuncios

García de Enterría: prólogo al libro de Ballbé “Orden Público y Militarismo en la España Constitucional”

Ante el debate del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana adquiere toda su vigencia e interés el prólogo del Profesor Eduardo García de Enterría al libro “Orden Público y Militarismo en la España Constitucional (1812-1983)” en el que se muestra nuestra tradición secular represiva ahora resucitada por políticos civiles que recurren a la instrumentalización, no de los militares sino de los policías, obligándoles a actuar de manera contundente y desproporcionada con formas y métodos paramilitares.

image

Cita de Ortega y Gasset que encabeza el libro: “Donde llegaba ponía orden, síntoma supremo del gran político. Ponía orden en el buen sentido de la palabra, que excluye como ingredientes normales policía y bayonetas. Orden no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior”.

Eduardo García de Enterría:

“El lector tiene en sus manos un libro que juzgo decisivo para la comprensión de nuestra historia política contemporánea.

Manuel Ballbé comenzó esta investigación como un estudio monográfico clásico sobre el derecho de reunión, con destino a su tesis doctoral. Pero ese propósito inicial, más bien modesto, fue complicándose impensadamente a medida que se desarrollaba.. Del régimen actual pasó en seguida a la historia del mismo desde los orígenes de nuestro constitucionalismo; del planteamiento dogmático jurídico, tuvo que pasar inmediatamente a los hechos, a la historia, por tanto, para verificar la significación práctica de los preceptos y su funcionalismo efectivo; del derecho de reunión fue deslizándose insensiblemente hacia todo el problema del orden público; del régimen jurídico material de las instituciones, se le impuso poco a poco el interés de considerar con atención a los agentes y protagonistas activos de las respectivas competencias. Al final, de peldaño en peldaño, de perspectiva en perspectiva, al precio quizá de un sacrificio de la pureza de los métodos, adoptando resueltamente ya un approach multidisciplinar (derecho, análisis político, historia, incluso investigaciones directas en archivos, alguna tan espectacular como la realizada sobre el del Ministerio de la Gobernación), multidisciplinariedad mantenida, por cierto, con una pericia y una austeridad magistrales, se le ofreció el autor un panorama enteramente nuevo y de una importancia decisiva. Había podido, en efecto, poner de manifiesto, sacándola a la luz, una veta enterrada de nuestra historia reciente, y sin embargo capital para la interpretación de conjunto de dicha historia, de la historia que ahora mismo pesa sobre nuestros hombros y cuya línea trágica estamos, más o menos torpemente, pero con resolución –al menos así nos parece–, intentando cambiar.

Es, pues, ésta una investigación verdaderamente ejemplar, por muchas razones. Una puramente formal, la demostración práctica de cómo el trabajo de investigación, o si se prefiere, la estructura de la realidad que él va descubriendo poco a poco, conduce realmente al investigador, si éste se mantiene alerta, como es el caso evidente de nuestro autor, hasta llevarle muy lejos de sus líneas de ataque iniciales. Otra razón de análogo significado es justamente la de que el autor ha puesto de manifiesto un excepcional sistema de reflejos para dejarse penetrar por sus sucesivos descubrimientos,  para abandonar proyectos o hipótesis iniciales y organizar de manera nueva la riqueza de datos que su esfuerzo le ha ido procurando, esfuerzo no banal, por cierto, ni en tiempo (más de un lustro ha gastado generosamente en este trabajo), ni, sobre todo, como en seguida podrá ver el lector por sí mismo, en calidad.

Pues la ejemplaridad mayor de este estudio está, como es natural, en su contenido,  en las claves, a mi juicio decisivas, ya lo he indicado, que proporciona, tanto para nuestro derecho público contemporáneo en varios de sus puntos centrales (el orden público, el sistema efectivo de las libertades, la posición constitucional del Ejército), como, derivativamente, para toda nuestra historia política reciente, la que discurre a partir de la fecha clave de 1812, en que el tema central de la sociedad española pasa a ser el de su organización política, el de racionalización de nuestra vida colectiva, con las pautas constitucionales y  jurídicas que esencialmente nos vienen de fuera. Es bien sabido que esa historia no ha ido precisamente gloriosa y que más bien nos ofrece un panorama sombrío y trágico, de guerras civiles reiteradas, de intolerancias, persecuciones y exilios, de dictaduras, abusos y revanchas sucesivas –panorama cuya radical rectificación es la gran esperanza de todos los españoles vivos.

Este libro es la historia de una falacia mantenida en nuestras instituciones desde hace dos siglos con una sorprendente insistencia, la falacia de creer que sólo las armas y los modos de la guerra pueden ser eficaces para mantener integrada una sociedad, o, en términos más simple, para luchar eficazmente contra los trastornos del orden público, trastornos que son inevitables en cualquier sociedad y a los que todas las sociedades modernas vienen aplicando, con eficacia mucho más indiscutible, terapéuticas también mucho más simples y más matizadas. ¿Cómo esa falacia pudo surgir y ha podido mantenerse por encima de regímenes y de partidos, de situaciones y de épocas tan diversas? Porque podrá en seguida comprobar el lector que ése es justamente el hecho, un hecho cuyo bulto es sorprendente que haya podido escapar hasta ahora a los analistas más perspicaces. El mantenimiento del orden público ha estado entregado al Ejército en nuestra patria y, correlativamente, a repúblicas, conservadores y liberales, dictaduras y regímenes constitucionales, derechas e izquierdas, han coincidido, por de pronto, en esa sorprendente fórmula.

La demostración que hace Ballbé es concluyente. No es cierto que la famosa Ley de Jurisdicciones de 1906 sea la que inicie en nuestra patria la encomienda a los Consejos de Guerra de las infracciones de orden público, al margen de las situaciones excepcionales de estado de guerra o de sitio; por el contrario, esa Ley es una simple corroboración de lo que entonces llevaba viviendo ininterrumpidamente un siglo entero (y, por cierto, confirmado nada menos que por el famoso Decreto de unificación de Fueros de 1868, que ha pasado a la mitología de la Revolución liberal), y, a la vez, de lo que seguirá manteniéndose, por vías indirectas pero efectivas, como demuestra este libro, una vez esa Ley se derogue, en concreto por la II República. Pero aún más grave es que las mismas situaciones excepcionales de estado de guerra o de sitio han podido ser declaradas, hasta la Constitución de 1978, por el simple arbitrio de las autoridades militares, a través de un sistema de remisiones legales, o incluso de vulneración de la Constitución por simples circulares (como en el caso de la Circular de Prim de 1870), según este libro desvela cumplidamente. Recordemos solamente que así lo admitía aún la Ley republicana de Orden Público de julio de 1933, que de esa previsión legal procede justamente el “Bando declaratorio del estado de guerra” con que se inició la sublevación de julio de 1936, bando, por cierto, que mantuvo su vigencia hasta que un Decreto de competencia de 7 de abril de 1948 lo declaró, contra el dictamen del Consejo de Estado, caducado, y que esa tradición secular resonó por última vez trágicamente en la famosa noche de 23 de febrero de 1981, cuando un capitán general se creyó aún autorizado a hacer uso de esa arcaica  prerrogativa.

Simplemente, la lista de los estados de excepción, generales o locales, que han estado vigentes en nuestra patria desde 1812 al final del franquismo, estados excepcionales que en un gran número de ocasiones fueron declarados por las autoridades militares mismas, demuestra por sí sola la precariedad congénita de nuestro sistema de libertades. Sobre los solos datos de este libro esa lista es fácilmente reconstruible y acreditará cumplidamente que muy pocos han sido los años desde 1812 en que no se ha producido en nuestra patria esa grave ruptura de la legalidad.

¿Por qué esa sorprendente creencia en la eficacia definitiva de la represión más simple y contundente para el tratamiento general de los temas de orden público? La psicología y la pedagogía han justificado de manera concluyente que no es precisamente el represivo el método más eficaz para inclinar o modular la voluntad, para educar las conciencias e incitarlas hacia valores sociales positivos, y el aserto vale también en el orden colectivo, por lo menos lo mismo, y aun hay que decir que más todavía, por el efecto multiplicador de la protesta social y la mitificación general de las víctimas. Hoy ya pocas dudas puede haber sobre ello, y bastaría para comprobarlo con retener el hecho de la agravación general de todos los problemas colectivos profundos que nos han legado los sucesivos regímenes autoritarios que hemos padecido.

Pero queda todavía otro hecho concomitante del sistema que tiene la máxima gravedad, la radical desnaturalización del Ejército que tal régimen implica. El Ejército pasa a ser una pieza más del sistema de poderes y precisamente aquella a la que se encomiendan las tareas más duras en la confrontación política interna. Es una concepción que hoy llamaríamos tercermundista del Ejército, que poco tiene que ver con su alta función y con su dignidad, que al Ejército mismo, como a todo el pueblo, de quien aquél es su expresión y su escudo, importa mantener. El Ejército no tiene nada que ver con esas funciones de orden público, que ni puede comprender mínimamente y para cuyo tratamiento, de facto o jurídico, carece de toda capacidad. Aplicar la justicia militar a estas funciones es eliminar a radice toda posible justificación de esa justicia, de la que intenta únicamente aprovecharse la expeditividad y la simplicidad respecto de situaciones que ni son simples normalmente ni admiten tratamientos expeditivos. El derecho militar es un derecho organizativo interno, que sólo en las situaciones de guerra (de guerra exterior, naturalmente, que es la que justifica únicamente el Ejército como institución; la guerra civil es una eventualidad que no admite presentarse como una hipótesis legal ordinaria, salvo que la propia sociedad esté inicialmente rota) puede tener alcance general, y es desnaturalizar toda su esencia aplicarlo a toda la población fuera de esas situaciones bélicas. O, más simplemente, esa aplicación general es, en términos nudamente técnicos, el tratamiento de los ciudadanos como “enemigos”, aserto especialmente visible en el tema clave de la “coacción directa” mediante el uso de las armas, que viene a resultar en la práctica, en ese sistema, una extraña “licencia para matar” –como la que el soldado ejerce en la acción bélica– de los agentes del orden sobre los ciudadanos, licencia superior a la que eventualmente pueden disponer los Tribunales, puesto que no condicionada a forma alguna y confiada a la sola discreción ejecutiva del agente, y más aún cuando los Tribunales  no disponen, por prohibición constitucional, tal como hoy ocurre, de la pena de muerte entre sus facultades represivas. Proclamar la sociedad aplicación normal del derecho de la guerra a los conflictos de la sociedad civil es, sencillamente, romper ésta, destruirla desde un poder “externo” a ella –como lo es el del Ejército que ocupa tierra extranjera–, algo sumamente grave, y no en menor medida para el Ejército mismo. Convendrá recordar que la exclusión de la guerra civil es quizá el fin primario del orden social, como Hobbes notó sobre la experiencia inglesa de siglo y medio de destrucciones fratricidas, y como los españoles acabamos de descubrir, con algún retraso, pero como una iluminación, tras el fin del franquismo –iluminación que es hoy posiblemente nuestro mayor tesoro político. Por eso sólo la transposición a las pugnas internas de los métodos bélicos de destrucción del adversario en nombre de técnicas jurídicas auxiliares de dichos métodos (agresión a fuerza armada, autodefensa del centinela, respuesta automática con las armas a cualquier ataque o resistencia, juicios sumarísimos para la simple comprobación de dichos ataques o resistencias, etc.), siendo, como es, un tratamiento bélico de dichas pugnas, es, sin más, un instrumento de guerra civil, en sí mismo y en sus consecuencias, constituyendo así una de las más graves corrupciones imaginables del orden colectivo.

Baste una elemental comprobación: los actos contra los que normalmente se ejercita ese arsenal bélico no son normalmente (este libro lo prueba abundantemente) graves actos revolucionarios, sino manifestaciones, reuniones, protestas colectivas, huelgas, opiniones críticas, asociaciones, esto es, lo que en el sistema liberal, y hoy felizmente entre nosotros, se considera ejercicio de verdaderos derechos fundamentales, estos es, en los términos del artículo 10.1 de nuestra actual Constitución, “fundamento de una sociedad del orden político y de la paz social”. ¿Cómo lo que es fundamento de una sociedad pluralista, libre y de hombres libres, fluida, capaz de autorregular, y de integrar, por tanto, sus conflictos, en último extremo por el último expediente regulador que es la alternancia política democrática, puede llegar a estimarse que es un ataque intolerable que legitima el uso de los medios de destrucción más enérgicos e irreversibles? Aquí se ve el empobrecimiento social irreparable que ocasiona la concepción del orden público como regimentación autoritaria y es difícil no percibir el empobrecimiento mental que está en los orígenes de su justificación.

Finalmente, todo ese torpísimo sistema conduce derechamente, inevitablemente, al militarismo, como observa con agudeza Ballbé, esto es, a la más grave de las desnaturalizaciones del Ejército, que le inviste de un papel político directo, al margen totalmente de cualquier principio de legitimación democrática, haciendo, por tanto, imposible la vida democrática misma. Esto es una evidencia y me parece que este libro, penetrante y lúcido, aporta los datos definitivos sobre ello.

La importante aportación que este libro hace a nuestra reflexión colectiva no concluye sólo, como resulta obvio, en la necesaria revisión de nuestra historia constitucional en función de los capitales datos que aquí se exponen y justifican; también lleva derechamente a propuestas de futuro perfectamente concretas y organizables. El propio autor las formula y desarrolla en el capítulo final y entiendo que estas propuestas deben llamar a seria reflexión a los llamados a considerarlas.

Manuel Ballbé acredita en este ejemplar investigación una completa maestría. Es el heredero de un nombre ilustre en el estudio de la Administración y de su derecho, pero un heredero que no se contenta con administrar el patrimonio recibido, sino que se esfuerza en enriquecerlo y en hacerlo productivo y fecundo. Desde ahora podrá hablarse con justicia de una dinastía Ballbé, a la que el derecho público español se ha hecho gran deudor.

Cita de Salvador de Madariaga: “La idea militar del orden tiende a ser mecánica. Cuando se puede colocar a los hombres en formaciones, de tres en tres o de cuatro, como peones de ajedrez, hay orden. Todos los políticos y militares españoles han padecido esta obsesión del orden externo, sin darse cuenta de que el caso más flagrante de desorden que pueda darse en un país es el de poner un general a la cabeza de un poder civil. Como su idea del orden es puramente material, materiales son los métodos que ponen en práctica para obtenerlo. El más rápido y práctico cabe en cuatro palabras: “palo y tente tieso”.

La vieja… nueva Ley de Seguridad Ciudadana: la ley del “palo y tente tieso”.