Manuel Ballbé

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El sheriff global (Bush) y el imperio de la ley del Oeste en el mundo.

    En el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando se acaba de hacer público el informe del Senado de EEUU sobre torturas, es útil leer el último apartado del artículo de Manuel Ballbé  “El futuro del Derecho Administrativo en la Globalización: entre la americanización y la europeización”, publicado en la Revista de Administración Pública (Madrid, 2007).
    La Corte Suprema americana ya declaró inconstitucional en las sentencias sobre Guántanamo (2004-2007) tanto los procedimientos como la conculcación de derechos, como el uso de comisiones militares para luchar contra el terrorismo a través de las leyes de la guerra
    La Corte Suprema intenta mantener la tradición y el principio constitucional de que la Constitución “sigue a la bandera”, que aunque hecha girones, es la permanente lucha por la implantación de un derecho global a la seguridad humana.

 

1. Militarizar la Administración y evadir el control judicial:el abandono de ese modelo en España y su resurgimiento en los EE.UU. desde el 11S. La guerra contra el Derecho administrativo global.

 España, como es bien sabido, ha tenido una tradición de militarismo prácticamente hasta la instauración del régimen constitucional en 1978. Pocos administrativistas vislumbran que el Derecho administrativo por excelencia en España no fue el Derecho del Consejo Real o del Consejo de Estado, como había ocurrido en Francia, sino que nuestro Derecho administrativo por excelencia fue el proveniente de la Administración y del Derecho militar. Fundamentalmente porque la Administración encargada de hacer cumplir la ley y los reglamentos era militar o militarizada; porque amplias competencias en materias civiles también estaban en manos de las autoridades militares; porque frecuentemente las infracciones administrativas o penales, al intervenir la policía militarizada, las transformaba en delitos militares (insulto o desobediencia a fuerza armada); porque la jurisdicción competente en muchas materias (desde el contrabando hasta los conflictos laborales) acababa siendo la jurisdicción militar y no la ordinaria, por lo que venía a establecerse una ley marcial encubierta; porque muchos cargos gubernativos y administrativos estaban en manos de militares, y, por último, porque, a pesar de todas estas medidas propias de la ley marcial, además, cada año se declaraba en algún punto del país el estado de excepción. En palabras de GARCÍA  DE  ENTERRÍA:

«El mantenimiento del orden público ha estado entregado al ejército en nuestra patria y, correlativamente, a la jurisdicción de guerra, sin interrupción alguna: monarquías y repúblicas, conservadores y liberales, dictaduras y regímenes constitucionales, derechas e izquierdas, han coincidido, por de pronto, en esa sorprendente fórmula»185.

Ciertamente, hasta el siglo XX se siguió confirmando la observación que había hecho VAYRAC sobre el poder militar en España en el Antiguo Régimen: «se entrometen en estas dos cosas [gobernación política y militar], y en la administración de la justicia contenciosa, lo que les da un poder incomparablemente más grande; se puede decir que ejercen casi toda la autoridad real»186.

Esta Administración Pública y Derecho militarizados no se circunscriben sólo a siglos pasados, sino que hasta hace muy pocas décadas la administración y el transporte aeroportuarios estaban bajo la competencia de la Administración militar. Y lo mismo ocurría con toda la zona marítimo-terrestre, costas, puertos y las consiguientes concesiones de licencias: estaban bajo la Administración de la Armada. No es hasta la Ley Orgánica de 1980 de reforma del Código de Justicia Militar cuando se obliga a la jurisdicción militar a replegarse al ámbito estrictamente castrense, apartándola de famosos casos en los que estaba inmiscuyéndose187. Y no es hasta 1986 cuando se realiza una de las reformas administrativas que ha pasado más desapercibida pero que ha significado la auténtica transformación de la estructura del viejo Estado autoritario: la desmilitarización de los 40.000 policías nacionales por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta reforma, que algunos habían pronosticado como el desmantelamiento del Estado, veinte años después ha demostrado su éxito ya que el Cuerpo Nacional de Policía, como los demás cuerpos de seguridad de España, tiene los más bajos índices de corrupción y los más altos de prevención y esclarecimiento de delitos, como hemos señalado anteriormente.

La España constitucional ha sabido corregir de raíz toda esta tradición ju- rídica institucional militar, ha alcanzado una mayor seguridad pública y una mayor integración nacional, configurando al ejército como una institución nacional por excelencia sin enemigos interiores y como fuerza internacional de paz bajo el mando de Naciones Unidas. Se ha conseguido un modelo constitucional de Administración Pública y de seguridad civil, una hegemonía de la jurisdicción ordinaria, y ahora es un modelo en la globalización incluso en la lucha contra el terrorismo internacional con eficacia, transparencia y garantías, como se ha comprobado con el proceso judicial ordinario del 11M.188.

Sin embargo, desde una tradición diametralmente opuesta como es la norteamericana, se produce ahora un resurgimiento del modelo de seguridad bajo los parámetros de la Administración y la justicia militar, e incluso la tentación de ocupar los espacios y competencias de la policía a través de la derogación de la Posse Comitatus Act de 1876, que prohibía la utilización de los militares en las funciones de hacer cumplir la ley (law enforcement)189.

2. La autorización al Presidente Bush para usar la fuerza militar en la guerra contra el terrorismo, como intento de evadir el control judicial. «El Derecho administrativo se va a la guerra» a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre Guantánamo190.

La Ley de autorización para uso de la fuerza militar (AUMF) de 2001 otorga poderes especiales al Presidente, por los cuales podrá usar toda la fuerza militar necesaria contra aquellas naciones, organizaciones o personas que han estado implicadas en el atentado del 11S. Bajo esta autorización el ejército norteamericano invadió Afganistán. El debate a partir de ese momento fue si esta Ley, o incluso la Constitución, otorga poderes especiales al Presidente.

El gobierno interpreta que, inherente a estos poderes, se incluyen los privilegios de eludir el control judicial, así como otras medidas como llevar a cabo torturas, uso de militares como policías, utilización de seguridad  privada como fuerza policial y militar, escuchas telefónicas por la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) sin autorización judicial191, detenciones y deslocalización de detenidos (como las realizadas en Europa), establecimiento de juicios militares, entre otras.

Estados Unidos a partir del 11S no ha seguido la dinámica de implantar el rule of law en el mundo a través de una globalización jurídica, constitucional y administrativa. Por el contrario, ha recuperado las viejas técnicas y prácticas del siglo XIX anteriores a su Estado administrativo y regulador. Y, como consecuencia, ha habido una tentación de extender este Derecho decimonónico en el resto del mundo (con todas sus perversiones192), como si fuera una especie de reimplantación de la ley del Oeste, ahora en el mundo, vulnerando la legalidad internacional e incluso su propio y vigente sistema legal.

Es importante destacar las palabras del profesor de Derecho administrativo de Chicago, SUNSTEIN, quien ha señalado que «desde los ataques del 11S, los principios claros de que el Presidente necesita una autorización previa del Congreso han sido cuestionados, sobre todo por aquellos que defienden amplias prerrogativas constitucionales para él. La presión ha venido por dos vías diferentes. Por una parte, han entendido que se dan poderes de guerra al Presidente, lo cual le autoriza a tomar las medidas necesarias para proteger a la nación. Por otro lado, defienden que estas circunstancias particulares sobre la guerra contra el terror justifican un especial y reforzado papel del ejecutivo y una posición debilitada del judicial, y también sostienen que sería peligroso requerir al Congreso específicas autorizaciones para cada acción presidencial. Esta visión configura una especie de unilateralismo presidencial, autorizando al Comandante en Jefe para actuar con sus propios criterios».

La materialización de estos poderes exorbitantes ha dado como resultado los conocidos acontecimientos de Abu Ghraib y Guantánamo: «La Administración Bush ha sostenido una interpretación extensiva sobre las competencias del Presidente. En el controvertido memorándum del gabinete jurídico del Departamento de Justicia en 2002, se señala que el Presidente, como comandante en jefe, tiene autoridad y competencias inherentes para ordenar la tortura de terroristas sospechosos. Autoridad que el Congreso no podría anular»193.

En esta guerra contra el sometimiento de la Administración al Derecho y a los tribunales, la Corte Suprema, a pesar de tener una mayoría conservadora, ha desaprobado tal interpretación extensiva. Efectivamente, en tres sentencias, históricas ya, desautorizó estos pretendidos poderes y limitó y sometió a control judicial las actuaciones de la Administración Bush, incluso tratándose de la Administración militar y encontrándose fuera del territorio de soberanía norteamericana,  recuperando  el  principio  liberal  anglosajón  según  el  cual «Magna Carta follows the flag».

 3. Las sentencias Rasul v. Bush y Hamdi v. Rumsfeld (junio de 2004).

En Rasul v. Bush se plantearon cuestiones de gran trascendencia en la globalización, y más cuando EE.UU. no ha firmado su sometimiento al Tribunal Penal Internacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La cuestión en Rasul era si al ser la base de Guantánamo un territorio alquilado por los EE.UU. a Cuba, los tribunales judiciales norteamericanos gozan en ella de jurisdicción. Es decir, si la jurisdicción se limita al territorio de soberanía nacional o se extiende a otras partes del mundo. Por tanto, lo que alegaba la Administración Bush es que los tribunales americanos no tienen jurisdicción y, por tanto, no cabe el derecho a recurso de habeas corpus para los detenidos. Sin embargo, la Corte Suprema ha mantenido en este caso la conocida tradición jurídica liberal inglesa, destacando que,

«como Lord Mansfield escribió en 1759, incluso si el territorio no es parte del reino no hay ninguna duda de los poderes de los tribunales ordinarios para conocer recursos de habeas corpus, si el territorio está bajo sujeción de la Corona»194.

El máximo Tribunal norteamericano implanta también este principio al señalar que en todos los territorios del mundo donde la Administración americana o sus tropas «ejerzan jurisdicción y control», los tribunales judiciales norteamericanos tienen competencia para aceptar y conocer recursos de habeas corpus de detenidos, aunque sean extranjeros y en territorio extranjero, como fue el caso de Rasul.

En la sentencia también se recuerda que la Cuarta Convención de Ginebra no se refiere sólo a enemigos de guerra, es decir, soldados, sino a cualquier otro ciudadano en combate. Con ello, como ha ironizado la minoría de jueces de la Corte Suprema, en desacuerdo con la sentencia Rasul:

«abandonando la venerable jurisprudencia existente hasta el momento [que no permitía el control de los tribunales americanos a detenidos extranjeros fuera del territorio de soberanía americana], la Corte Suprema de forma astuta extiende el ámbito del habeas corpus hasta los confines de la Tierra (four corners of the earth)».

A nadie se le puede escapar que esta jurisprudencia tiene unas consecuencias globales, ya que supone un paso decisivo en el control judicial de la Administración americana en cualquier parte del mundo. Más importancia tiene aún si tenemos en cuenta que EE.UU. no acepta ni se somete al Tribunal Penal Internacional y, por tanto, sigue manteniendo en vigor la vieja técnica del Derecho administrativo francés y español de «autorización previa del Gobierno para procesar un funcionario», que tan bien ha explicado el profesor PARADA. Es decir, los militares norteamericanos, o incluso los funcionarios de los servi- cios de inteligencia o de la policía, no pueden ser perseguidos por el Tribunal Internacional. Sin embargo, paradójicamente, aunque pueden evadir el con- trol judicial internacional, la Corte Suprema norteamericana ha sostenido en esta sentencia que no pueden eludir el control judicial ordinario federal aunque actúen fuera del territorio de soberanía estadounidense.

En Hamdi v. Rumsfeld, un ciudadano norteamericano detenido y encarcelado en Guantánamo presentó un recurso de habeas corpus. La Corte Suprema señaló que aunque la Administración norteamericana tiene poderes de detención en periodo de guerra, esta detención no puede ser indefinida.

Ocho miembros de la Corte, de los nueve, sostienen que Hamdi ha sido privado de sus derechos al due process (garantía judicial efectiva) al no serle reconocido el derecho a ser oído por la regulación que había dictado el Secretario de Defensa, Rumsfeld, de constitución y procedimiento de las comisiones militares. Como sostiene la sentencia,

«debemos rechazar la interpretación que hace el gobierno sobre el principio de separación de poderes pretendiendo limitar el poder de los tribunales en estas circunstancias. Esta posición interpretativa que defiende que los tribunales deben olvi- darse de controlar casos individuales y sólo circunscribirse a la legalidad de las detenciones en sentido amplio, no se corresponde con ninguna visión razonable de la separación de poderes y esta interpretación sirve sólo para condensar todos los poderes en una única rama del gobierno. Debemos dejar claro que un estado de guerra no es un cheque en blanco para el Presidente cuando afecta a los derechos de los ciudadanos norteamericanos».

 4.  Sentencia Hamdan v. Rumsfeld, de junio de 2006.

El chófer yemení de Bin Laden fue detenido en Afganistán y sometido a la nueva Ley de tratamiento de detenidos de 2005195, aprobada por la mayoría republicana en el Congreso para adaptarse a las prescripciones establecidas en las sentencias Rasul y Hamdy. Dicha Ley establece que ningún tribunal tiene jurisdicción para admitir recursos de habeas corpus planteados por detenidos extranjeros en la Bahía de Guantánamo, excepto el Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia (Washington, DC), que a partir de entonces tiene exclusiva jurisdicción para revisar las decisiones finales de los tribunales y comi- siones militares, así como el estatus de los enemigos combatientes.

La mayoría de la Corte Suprema declaró que

«un juicio por comisiones militares afecta al más alto orden concerniente a la separación de poderes. Localizadas dentro de una única rama del poder, estas comisiones militares corren el riesgo de que los delitos que se definirán, perseguirán y sentenciarán por funcionarios del ejecutivo no tengan un control judicial independiente. (…) La concentración del poder pone la libertad personal en peligro de una acción arbitraria cometida por los funcionarios. Un sistema tripartito de división de poderes constitucional está concebido para evitar este tipo de incursiones. (…) Es una realidad imperativa que, cuando los tribunales militares están establecidos, las directrices presidenciales y su propia autoridad dominan por completo este proceso».

Además, declara ilegal este tipo de comisiones militares —que había regulado la Administración en uso de la AUMF— por no haber establecido las garantías básicas que regula el Código de Justicia Militar, como el derecho de ser oído o el derecho a estar presente en el juicio.

En palabras de SUNSTEIN, «debido a que los tribunales ordinarios y sus procedimientos de protección de los derechos son indispensables para nuestro sistema [constitucional] de gobierno, la Corte Suprema no podría construir un derecho ambiguo que permitiera al poder ejecutivo la sustitución de los tribunales ordinarios por tribunales militares»196.

En definitiva, «la mayoría de la Corte se ha pronunciado por un “no” a las acciones tomadas por el Presidente después del 11S en nombre de la seguridad nacional»197.

Asimismo, cabe decir que la Corte Suprema reconoce la vigencia del artículo 3 de la Convención de Ginebra; por ello señala que «todos los poderes del estado están sujetos a la Convención y la Corte Suprema es la encargada de hacerla cumplir».

Por último, las sentencias recogen la famosa resolución Ex parte Milligan, de 1865, según la cual el uso de las comisiones militares era un intento ilegítimo de imponer la ley marcial en un área donde funcionaban con normalidad los tribunales civiles. Si los tribunales civiles están abiertos, debe prevalecer la jurisdicción civil sobre la militar. El test para la Corte es que cuando los tribunales ordinarios están en funcionamiento, ello implica que hay un normal funcionamiento de la Administración y del gobierno y, por tanto, el derecho de guerra no es de aplicación.

 5. La resolución militar sobre Khadr (2007) 

El gobierno Bush y la mayoría republicana aprobaron la Military Commissions Act, de octubre de 2006, intentando modificar la regulación sobre las comisiones militares que la Corte Suprema (especialmente en Hamdan) había declarado contraria a Derecho, configurando un nuevo tipo de comisiones militares avaladas por ley del Congreso de los EE.UU., reconociendo el derecho del detenido en Guantánamo a estar presente en el juicio y a ser escuchado. Esta Ley, además, introduce el término «enemigos combatientes ilegales» (unlawful).

Iniciado uno de estos nuevos juicios militares en el caso Omar Khadr, de 2007198, el propio juez militar competente (Coronel Brownback) dicta una re- solución por la que le retira todas las acusaciones y sostiene la ilegalidad del juicio. El argumento era que la reciente Ley se refería a «enemigos combatientes ilegales» y, sin embargo, Khadr estaba considerado por la Administración norteamericana solamente como «enemigo combatiente»199.

Hay que decir que esta lucha por el control judicial de la Administración ejecutiva y de las comisiones militares no ha terminado puesto que, a final de 2007, la Corte Suprema ha admitido otro recurso de esta temática que va a resolver a lo largo del año judicial 2007-2008. Ello significa que hay una mayoría de jueces dispuestos a mantener la doctrina Rasul-Hamdi-Hamdan a pesar de las reformas legislativas y de las actuaciones de la Administración Bush, y que quizás va a sentenciar definitivamente sobre el control judicial ordinario a la Administración Pública federal en relación a los detenidos de la base de Guantánamo200.

La batalla jurídica de Guantánamo expresa este Derecho administrativo militar y de la seguridad nacional que pretendía arrogarse la Administración presidencial, exonerándose del control judicial, y que al final ha quedado desautorizado por completo por la Corte Suprema norteamericana. Como ha señalado SUNSTEIN, «después de la sentencia Hamdan el unilateralismo presidencial ha quedado por los suelos»201.

Bush pretendía hacer la guerra al Derecho administrativo exonerándose de cualquier control judicial, pero la Corte Suprema ha declarado que es el Derecho administrativo el que también va a la guerra, es decir, que los tribunales ordinarios van a controlar el poder, la Administración y los militares, incluso fuera del territorio norteamericano y aunque estén en operaciones de guerra.

Los pretendidos poderes exorbitantes de la Administración presidencial al amparo de un estado de guerra de facto se han transformado en la lucha por el mantenimiento del Estado de Derecho, cuyo instrumento más eficaz es y seguirá siendo el sometimiento del Estado al Derecho administrativo, ahora ya global.

NOTAS:

185 Prólogo de GARCÍA DE ENTERRÍA en M. BALLBÉ, Orden Público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza Universidad, 1983.

186  J. DE VAYRAC (Abbé), Etat présent de l’Espagne, vol. III, Amsterdam, 1718, pág. 291.

187    Entre los cuales podemos destacar el intento de procesamiento militar de la directora de cine Pilar Miró por la representación de la Guardia Civil en su película El crimen de Cuenca. El caso Almería, donde se establece que es la jurisdicción civil y no la militar la competente para procesar a los guardias civiles. También el procesamiento militar del di- rector de Diario 16, Miguel Ángel Aguilar, por denunciar en 1980 que el General Torres Ro- jas está conspirando para realizar un golpe de Estado, como se confirmó el 23F del año siguiente. Así y todo, un Consejo de Guerra en 1981 condena a diez meses de prisión a un dirigente de Comisiones Obreras Marineras por un delito de injurias a la autoridad militar e insulto a fuerza armada por una manifestación de pescadores que protestaban por la permisividad en el uso de un arte de pesca que regulaba la Comandancia de Marina de El Ferrol. Todavía el Tribunal Supremo, en autos de 1981, resuelve conflictos de competencia a favor de la jurisdicción militar en casos suscitados «para conocer de diligencias preparatorias  por  presuntas  torturas  a  determinados  paisanos  por  miembros  de  la  Guardia  Civil». M. BALLBÉ, Orden Público…, op. cit., pág. 475.

188 A. MACKINNON, «Counterterrorism and checks and balances: the spanish and american examples», New York University Law Review, 2007. Estados Unidos alega que deben hacerse juicios militares para «la protección de la información clasificada, la seguridad física de los participantes y los testigos, la protección de las fuentes y métodos proporcionados por la inteligencia y la policía, y otros de interés para la seguridad nacional». España ha de- mostrado que todo ello puede garantizarse a través de la justicia ordinaria y las garantías constitucionales.

189 P. KRASKA (ed.), Militarizing. The American criminal justice system. The Changing roles of the Armed Forces and the Police, Northeastern University Press, 2001. También, A. BACEVICH, The new American militarism. How Americans are seduced by war, Oxford, 2005.

190  C. SUNSTEIN, «Administrative law goes to war», Harvard Law Review, 2005.

191 Ya existe una sentencia de un Tribunal Federal (ACLU vs. NSA), de junio de 2006, por la que se declara ilegal el programa de escuchas telefónicas de la NSA.

192 Vid. el epígrafe 3, titulado «Las perversiones del modelo individuocéntrico de seguridad norteamericano», de este artículo. Un ejemplo del modelo se comprueba en el caso de Sadam Hussein, al que se le acusa de disponer de armas de destrucción masiva; se organiza una partida (posse comitatus), ahora no de ciudadanos, sino de Estados; se invade militar- mente su país al margen de la legalidad internacional; se le detiene y juzga no por un tribu- nal internacional ad hoc, sino por un tribunal nombrado bajo la Administración norteamericana de ocupación; y, como en la tradición del linchamiento, al no encontrarse pruebas sobre el delito que ha motivado la guerra, se le juzga y condena por otros delitos.

193 C. SUNSTEIN, «Clear statement principles and national security: Hamdan and beyond», Supreme Court Review, 2006. Hay que recordar que este memorando es el denominado Informe John Ashcroft (Fiscal General de los Estados Unidos), que fue redactado por Gonzales, el responsable entonces del Gabinete jurídico. Posteriormente, Gonzales fue nombrado Fiscal General de los EE.UU. y Secretario del Departamento de Justicia hasta su dimisión en el 2007, por este y otros abusos de autoridad como el cese y el nombramiento de fiscales. En este punto hemos de destacar el recurso interpuesto por la ACLU y otras organizaciones para que este Departamento jurídico de Justicia haga públicos, en base a la Ley de Libertad de Información (FOIA), otros memorandos posteriores en los que se seguían sosteniendo métodos crueles e inhumanos de interrogatorio.

194 Este gran jurista también estableció el principio de sometimiento a los tribunales ordinarios, y no a los militares, cuando el ejército era llamado por la autoridad para mantener el orden público, bajo el lema de que los militares han sido llamados a intervenir «no como soldados sino como ciudadanos civiles», en la obligación de todo ciudadano de ayudar a la autoridad que le requiere. Por ello, desde 1780, en la tradición inglesa, en cualquier extralimitación o agresión de/a los soldados, no es competente la jurisdicción militar, sino la ordinaria. Vid., sobre este tema, M. BALLBÉ, Orden Público y Militarismo en la España constitucional, Alianza, 1985 (2.ª ed.), pág. 70.

195 La Detainee Treatment Act (DTA). Cabe decir que «el gobierno aceptó introducir una cláusula normativa clara sobre la prohibición de las torturas, pero a cambio ganó la eliminación del habeas corpus de los detenidos de Guantánamo». S. ELLMANN, «The rule of law and the military commission», New York Law School Law Review, núm. 51, 2006-2007.

196  C. SUNSTEIN, «Clear statement…», op. cit.

197 G. FLETCHER, «Hamdan confronts the military commissions Act of 2006», Columbia Journal of Transnational Law, núm. 45, 2007.

198 Se trata de un ciudadano canadiense detenido en Afganistán, con 15 años de edad, y trasladado a Guantánamo.

199 Como señala el editorial del Financial Times de 6 de junio de 2007, titulado «Guantánamo’s great charade», «incluso aunque la administración ha redactado las prescripciones más relevantes de esta ley y por tanto debería estar familiarizada con sus requisitos, el gobierno no ha calificado a los detenidos como enemigos ilegales combatientes como estable- ce la ley. No está claro si este patinazo refleja una incompetencia pasmosa o un arrogante menosprecio a la ley, pero de cualquier forma puede tener un coste muy alto. Bush debería abandonar esta parodia de justicia y presentar a los sospechosos ante el tradicional tribunal militar que sin duda será más sólido que seguir intentando llevar a estos detenidos a unos kangaroo courts. Ésta es la única esperanza que tiene para salvar al menos una pizca de credibilidad».

200 La mera admisión de este recurso ya está acelerando las reformas de la Administración Bush, como la sustitución del Fiscal General, Gonzales, por Michael Mukasey. Éste ha declarado en el Senado en su comparecencia como candidato, el 17 de octubre de 2007, que «estamos deteniendo a gente sin acusarles y es cierto que eso es un ojo morado para el gobierno». Así y todo, en setiembre de 2007, otro tribunal militar rectificó a los jueces milita- res que habían retirado la acusación a Khadr y se reabrió el proceso.

201 C. SUNSTEIN, «Clear statement principles and national security: Hamdan and beyond», Suprem Court Review, 2006.

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